Colegio de Abogados deposita acción de amparo contra resolución que califica inconstitucional

Santo Domingo – nov. 10, 2022 | 12:02 p. m.

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Propietarios de centros nocturnos marcharán hacia el Palacio Nacional y el Ministerio de Interior y Policía para protestar contra la prohibición temporal de la venta de alcohol después de las 12:00 de la noche en Santo Domingo.

El anuncio fue hecho este jueves por la Unión Dominicana de Centros Nocturnos  y Diversión (Udcend), entidad que calificó de abusiva y discriminatoria la medida adoptada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) contenida en la resolución 007/22, emitida el pasado día 4 del mes en curso, que establece que de manera temporal a partir del pasado lunes quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo desde las 12:00 de la medianoche hasta las 8:00 de la mañana, de lunes a domingo.

«Por este medio nosotros informamos que tendremos mañana viernes una marcha hacia el edificio de Interior y Policía, y de ahí vamos al Palacio Nacional», dijo el presidente de la Udcend, Yunior González.

Dijo que la caminata está pautada para las 9:00 de la mañana y partirá desde la avenida Venezuela, en el municipio Santo Domingo Este.

Al criticar que el Distrito Nacional este excluido de la prohibición, sostuvo que esa disposición afecta los intereses de sus negocios, los cuales vienen recuperándose desde hace 7 meses cuando se levantaron las restricciones de la pandemia del COVID-19, 

Afirman que son negocios que pagan todos sus impuestos y se verán obligados a producir despidos de sus empleados ante las pérdidas que representa el límite de horario.

Indican que lo que son un sector económico importante, que no es responsable de los hechos delincuenciales que se han estado produciendo en Santo Domingo y que lo que quiere es que se les permita trabajar debido a que tienen actividades pautadas para el último tramo del año que se verán afectadas.

El Ministerio de Interior y Policía ha dicho que la resolución que limita el expendio de bebidas alcohólicas tiene la finalidad de preservar el orden público.

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Colegio de Abogados dice es inconstitucional

Mediante un comunicado, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia calificaron como inconstitucional, abusiva, discriminatoria y atentoria en contra de las libertades públicas la Resolución 007/2022, que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

Miguel Surun, presidente de ambas entidades, advirtió que dicha medida generaría pérdidas millonarias a cientos de negocios de la zona, la quiebra de algunos y dejaría sin empleo a miles de personas, a pesar de que muchos no se han recuperado del impacto económico generado por el paso del COVID-19. 

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Miguel Surun, presidente delColegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). (FUENTE EXTERNA)

El CARD y la Fundación Primero Justicia depositaron este jueves una acción de amparo de urgencia en contra de la resolución ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que la misma es inconstitucional, porque viola los derechos fundamentales de libertad al trabajo, la libre empresa, el libre tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en los artículos 6, 39, 40, 50, 62 y 139 de la Constitución. 

Surun Hernández consideró que no es posible justificar ese despropósito, sobre la base de la lucha contra la criminalidad, sobre todo porque, además, desborda las potestades del propio Ministerio de Interior y Policía, entre cuyas facultades no está prohibir actividades recreativas y comerciales lícitas y mucho menos disponer el cierre de establecimientos comerciales, potestad que según afirma, solo la ostentan los tribunales. 

“De permitirse dicho abuso, estaríamos a las puertas del caos institucional donde cualquier ministerio o funcionario podría disponer medidas abusivas al margen de la ley en perjuicio de los ciudadanos, por eso hoy acudimos al juez de los amparos esperando que se reinstaure el estado de derecho”, indicó el gremialista. 

El jurista exhortó a las autoridades aplicar otras medidas para enfrentar la criminalidad en el país como son el aumento del patrullaje policial, la instalación de más cámaras de seguridad, aplicación de nuevas tecnologías, coordinación de acciones con comunitarios y juntas de vecinos, incremento de planes sociales, de protección económica para los ciudadanos más vulnerables, mejora del sistema educativo, promoción del deporte y gestionar mayores oportunidades de empleos para jóvenes y adultos.

Indicó que dicha medida afecta de manera discriminatoria a los munícipes de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y Guerra.

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