Fiscal del Distrito critica medidas contra dueños del Jet Set: “No puede haber paz mientras la impunidad pese más que el dolor colectivo”

Santo Domingo. — La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó este jueves su desacuerdo con la medida de coerción impuesta a los propietarios de la discoteca Jet Set, calificándola como una decisión que “hiere la memoria de las víctimas” y que deja un “profundo sabor a injusticia”.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó medidas consistentes en una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la tragedia ocurrida en el establecimiento la madrugada del 8 de abril, que dejó 235 muertos y más de 100 heridos.

A través de su cuenta en la red social X, la magistrada Ramos advirtió:

“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”.

Ministerio Público apelará la decisión

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, también reaccionó enérgicamente, calificando la medida como una “burla a las víctimas”, y anunció que apelarán la decisión judicial.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que estos hechos han traído a la sociedad dominicana, especialmente para las 235 personas que murieron, más de 180 heridas y 130 niños que quedaron huérfanos. Los imputados pusieron su interés económico por encima del bienestar de los ciudadanos que frecuentaban esa discoteca”, enfatizó Camacho.

El caso Jet Set se convirtió en uno de los mayores desastres humanos recientes en el país, y ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad empresarial, la supervisión estatal y la efectividad del sistema judicial.