A lo largo de las distintas gestiones presidenciales, el modelo de los fideicomisos estatales en la República Dominicana ha evolucionado como una herramienta clave para el desarrollo de proyectos públicos. Mientras algunos han logrado consolidarse como motores del mercado hipotecario, la infraestructura y el transporte, otros permanecen detenidos, sin ejecución o envueltos en cuestionamientos sobre su efectividad y transparencia.
La figura del fideicomiso fue introducida en el país en el año 2011, mediante la Ley 189-11, con el objetivo de crear un instrumento innovador que impulsara el mercado inmobiliario y facilitara la ejecución de proyectos estratégicos del Estado. En términos generales, se trata de un contrato mediante el cual una o varias personas transfieren bienes o derechos a una entidad física o jurídica para que los administre en beneficio propio o de terceros, sujeto al cumplimiento de un plazo o condición determinada.
Aunque su aplicación puede generar un impacto significativo en la economía nacional, evaluar hasta dónde ha llegado este esquema resulta esencial para dimensionar el verdadero alcance de los proyectos públicos y su contribución al desarrollo sostenible.
Los primeros fideicomisos estatales
La administración del expresidente Danilo Medina fue pionera en la implementación de fideicomisos públicos, especialmente en áreas como el desarrollo inmobiliario y el transporte.
RD Vial
El Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial) fue suscrito el 18 de octubre de 2013 a través de Fiduciaria Reservas, bajo la representación del entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y con la autorización del presidente Medina.
Este fue el primer fideicomiso público creado por el Estado dominicano y su finalidad fue garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la red vial principal del país. Mediante el decreto 327-13 se estableció una duración de 30 años, con posibilidad de prórroga. A la fecha, continúa vigente y es considerado uno de los patrimonios más valiosos del Estado en materia de infraestructura y seguridad vial.
Ciudad Juan Bosch
En octubre de 2014 se creó el fideicomiso Viviendas a Bajo Costo República Dominicana (VBC RD), conocido por el desarrollo de Ciudad Juan Bosch, un proyecto habitacional orientado a facilitar el acceso a la primera vivienda de miles de familias. Este fideicomiso, adscrito al Ministerio de la Presidencia, tiene una duración de 20 años conforme al decreto 241-14.
Movilidad, parqueos y transporte
Otros fideicomisos relevantes surgieron posteriormente, como Parquéate RD, creado mediante el decreto 181-19 y representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo de construir y operar parqueos públicos modernos en el país. Este proyecto continúa vigente y ha sido impulsado durante la gestión del presidente Luis Abinader.
Asimismo, el Fideicomiso para la Movilidad y el Transporte (Fimovit), establecido mediante el decreto 353-18, se convirtió en el administrador de los sistemas de transporte de pasajeros y carga, así como del sistema de pago integrado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Desde su creación, ha gestionado los corredores de autobuses y el 25 % del impuesto a los combustibles destinado a la renovación del parque vehicular.
Turismo, cultura y proyectos no ejecutados
En el ámbito turístico, el decreto 186-15 dispuso la creación del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales (DTP RD), con una duración de 30 años. Sin embargo, este fideicomiso nunca fue ejecutado durante la gestión que lo creó.
De igual forma, en 2016 se presentó un plan para intervenir 13 museos nacionales mediante un fideicomiso cultural, con una inversión estimada de RD$465 millones, el cual tampoco logró materializarse.
La gestión de Abinader y la expansión del modelo
Desde su llegada al poder, el presidente Abinader ha sido el mandatario que más ha recurrido a este instrumento legal, impulsando incluso la Ley 28-23 sobre fideicomisos públicos para regular su uso. Según la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, hasta el año 2025 se habían registrado más de 20 decretos relacionados con fideicomisos.
Entre los más destacados se encuentran Pro-Pedernales, el de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el Sistema Nacional de Becas y Crédito Educativo y el fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.
También figura el fideicomiso Santo Domingo 2026, creado para administrar los fondos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como el proyecto Santo Domingo 2050 (SD2050), orientado al ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la provincia.
Fideicomisos pendientes o sin avances
No obstante, una parte significativa de los fideicomisos decretados no ha entrado en funcionamiento. Entre ellos se encuentran Masgas, Proparques, el de Promoción Cultural de Arte Público, el de Patrimonio Público Recuperado, el Fondo de Cohesión Territorial y el Fondo de Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir).
Asimismo, varios proyectos de gran escala, como el monorriel de Santo Domingo, el tranvía y el tren metropolitano, continúan en fase de licitación bajo el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram).
A esto se suman otros fideicomisos creados entre 2023 y 2025, como ProAeropuertos, el Parque Temático del Este, el de la Industria Aeronáutica y Espacial, y el de la Gestión del Teleférico de Puerto Plata, los cuales no presentan avances públicos significativos.
Un modelo con potencial y desafíos
Aunque el fideicomiso estatal se ha consolidado como una herramienta clave para la ejecución de políticas públicas, la falta de avances en varios de estos proyectos plantea interrogantes sobre su planificación, ejecución y supervisión. La transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación constante serán determinantes para que este modelo cumpla su promesa de impulsar el desarrollo sin convertirse en una figura de uso limitado o cuestionado.